En el marco de las negociaciones entre Juan Manuel Santos y Las Farc, se creó la jurisdicción especial para la paz JEP, un tribunal autónomo para evitar que los miembros de esa guerrilla sean juzgados por crímenes de lesa humanidad como la esclavitud sexual a la que sometieron a miles de niñas a las que además obligaba a abortar, desde su entrada en funcionamiento, la JEP ha estado en el ojo del huracán por constantes escándalos de corrupción en el manejo de su presupuesto superior a los 800.000 millones anuales, nóminas paralelas y una descarada debilidad al momento de tomar desiciones contra criminales de alta peligrosidad como alias “ el paisa “ e Ivan Marquez quienes a pesar de no comparecer ante el tribunal siguen manteniendo los beneficios y el bloqueo a la extradición de Jesús Santrich.
Para evitar que estos crímenes y otros como desaparición forzada y narcotráfico quedaran en la impunidad, el presidente Ivan Duque presentó ante el congreso unas objeciones a la ley estatutaria de la JEP a las cuales se ha apuesto ferozmente la izquierda acompañada por otros sectores políticos que han visto la oportunidad de extorsionar y exigir mermelada a lo que él gobierno no ha cedido.
Las objeciones son en conclusión la última esperanza de las víctimas para que haya justicia y se conozca la verdad.
