Por: Juan Adolfo Anaya Contreras
De antaño hemos sido reconocidos como un país violento, los altos índices de criminalidad así nos muestran ante la comunidad internacional y las causas que permiten la consolidación de ese entorno son múltiples.
La lucha de la institucionalidad siempre ha ido dirigida a disminuir, de un modo u otro, esos altos índices que nos mantienen en una extendida sensación de inseguridad fuera de nuestros entornos familiares, escolares o laborales.
Determinar o analizar si han sido eficientes y eficaces los esfuerzos del Estado para reducir esos amplios márgenes de criminalidad, no son determinantes para comprender el estado de cosas que hoy reina en nuestro país. Y hago referencia expresa a la creciente ola de insolidaridad ciudadana que resulta ser igual de reprochable que los mismos actos de violencia que se repudian en estas líneas.
No es admisible que delante de un grupo de personas se dé muerte a un joven, y el asesino emprenda la huida con inusitada tranquilidad cual si hubiese ejecutado un acto de normal aceptación social. Por Dios, hasta donde llegará nuestra insensibilidad social, nuestra insolidaridad con la víctima del hecho delictivo que en nuestra presencia tiene ocurrencia.
Algunos estudios determinan que la falta de solidaridad que hoy gobierna entre nosotros está determinada por la tesis de la protección del derecho propio, en el entendido que socorrer a la víctima, bien sea ayudándola o bien impidiendo la huida del agresor genera en la comunidad un riesgo por el que se decide mejor no exponerse; Necesario es advertir que no se hace apología del crimen en este escrito, en modo alguno puede interpretarse que lo que pretendo es que la ciudadanía ejerza justicia por propia mano, las cosas a sus justas proporciones, tan delincuente es quien hurta como aquel que para mostrar repudio por ese acto afecta o destruye bienes del inicial agresor.
¿Qué ocurre entonces?, El derecho constitucional de mayor valía según algunos es la Vida, misma que al lado del patrimonio económico son de los más vulnerados en Colombia, la vida resulta ser el más protegido de los bienes, pero al tiempo, el más violado de los derechos a lo largo de la historia reciente de nuestra patria.
Ello mismo ocurre con la solidaridad, por mandato constitucional estamos llamados y obligados a socorrer al necesitado, obviamente lo que ocurre en la realidad es muy distinto, la alternativa a esta situación entonces se centra en reconocer la necesidad de hacer un cambio de actitud, en el que sea un propósito Nacional hacer que prevalezca el interés general sobre el particular, quizás parezca utópico, pero en realidad de verdad será el mayor acierto para nosotros si como sociedad buscamos que el bien común prime sobre el individual, tal y como lo ordena nuestra Constitución política.
El cambio entonces se encuentra, en el entorno de la criminalidad, en apoyar a la víctima, al Estado, no solo en la prevención de ilícitos, sino también y si la situación así lo permite, en el impedimento y obstaculización de huida del responsable, sin enfurecidos linchamientos ni la incineración de la motocicleta en la que se ejecutó el hecho, que entre otras, pudiere servir para resarcir a la víctima.
Si aprendemos y generalizamos una línea de conducta, en la que se adopten los comportamientos con los que queremos seamos vistos y tratados, seremos mejores, pero el día que sintamos como propia la afectación de un derecho ajeno, seremos una verdadera y digna sociedad de valores.
